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14/06/2017

Un proyecto andaluz en el Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO

La UNESCO, de conformidad con la Resolución 4 / 5MSP del 5º período de sesiones de la Reunión de los Estados Partes en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, invitó a los distintos Estados Partes a presentar  ejemplos que demuestren las Mejores Prácticas relacionadas con el Patrimonio Cultural Subacuático, dirigidas, entre otras, a Incrementar la conciencia pública, valoración, protección y conservación de este patrimonio, así como a fomentar un acceso público responsable y no intrusivao en al patrimonio cultural subacuático. 

Tras la reunión celebrada en París el pasado 30 de mayo los Estados Partes han aprobado, entre otros, los cuatro proyectos presentados por España entre los cuales se encuentra el proyecto “Protección jurídica del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía”, desarrollado desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en concreto desde el Servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos con la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de su Centro de Arqueología Subacuática.

El patrimonio arqueológico subacuático se encuentra amenazado no sólo por actividades ilícitas sino también, como refleja en la Convención UNESCO, por actividades legítimas que pueden llegar a afectarle de manera negativa como son, entre otras, las grandes obras de infraestructura que, en la actualidad, se realizan en el medio marino y que pueden llegar a provocar, si no se establecen mecanismos de control, la pérdida paulatina de este patrimonio. Ahora bien, no se puede olvidar que estos proyectos son, en muchos casos, necesarios para el desarrollo económico y social de una zona y, por tanto, es imprescindible hallar un equilibrio estableciendo medidas que hagan compatible la ejecución de las mismas con su protección.

En este sentido y para dar respuesta a esa preocupación desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se consideró necesario y prioritario ejecutar un proyecto que dotase a este patrimonio del máximo nivel de protección que establecía la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, a través de la aplicación de las figuras de protección recogidas en la misma: Zonas Arqueológicas (ZA) con la categoría de Bien de Interés Cultural y Zonas de Servidumbre Arqueológicas (ZSA).

A través de esta medida, se ha protegido, no sólo el patrimonio arqueológico subacuático conocido (ZA) sino aquellas áreas potencialmente arqueológicas (ZSA), en la que se presuma, tomando como base la información proporcionada por las fuentes documentales y orales, la posible existencia de este patrimonio.

Tal y como se establece en el preámbulo de la Convención UNESCO esta inscripción de ZA y la declaración de ZSA proporciona una respuesta adecuada “al posible impacto negativo en el Patrimonio Cultural Subacuático de actividades legítimas que puedan afectarlo de manera fortuita”.

Al mismo tiempo, esta acción garantiza lo establecido en el artículo 2.1 de la Convención UNESCO dado que entre sus finalidades se encuentra “garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático” desde el punto de vista legislativo.

Por otro lado, se considera que estas medidas de inscripción y declaración de yacimientos arqueológicos subacuáticos además de estar encaminadas a garantizar la protección y conservación “in situ” del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía, pueden considerarse unas medidas previas y necesarias para, en un futuro, emprender acciones encaminadas a favorecer un acceso responsable y no perjudicial del público al mismo.

En este sentido, si bien la puesta en marcha de estas inscripciones podría conllevar la prohibición de bucear en los yacimientos a los que hacen mención a través de la aprobación de instrucciones particulares para cada uno de los yacimientos inscritos, desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se optó por no poner en marcha esta medida, de tal forma que se procedió a favorecer la visita a estos yacimientos tanto por parte de clubes de buceo como por particulares.


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