El control judicial de la protección del patrimonio especialmente a través de la declaración de bienes de interés cultural: parámetros y jurisprudencia relevante.

Resumen

Comprender cómo funciona la dinámica del proceso judicial seguido ante nuestros tribunales cuando éstos revisan y controlan la actuación de las administraciones públicas, puede ser esencial para fortalecer su legalidad. Nuestros tribunales controlan toda la actuación de la Administración Pública, como no puede ser de otro modo en un Estado de Derecho como el nuestro, y ese control es la garantía para el ciudadano de que la Administración, sujeta al principio de legalidad, sólo hace aquello que la ley le permite y en los términos y la forma en que la misma se lo permite. El presente estudio pretende abordar problemas prácticos reales y obtener conclusiones para la mejor actuación de las potestades públicas ejercitadas en el ámbito de la protección del patrimonio histórico, particularmente en la declaración de bienes de interés cultural (BIC). Partimos del carácter esencialmente técnico que revisten las potestades administrativas en este ámbito y de lo fundamentales que resultan los informes como base de la decisión administrativa. Piénsese que se trata de vertebrar una decisión administrativa aplicando conceptos de disciplinas o ciencias que nada tienen que ver con lo ¿jurídico¿. Analizamos, a través de las sentencias, las técnicas de control empleadas por los tribunales, dado que éstos no pueden sustituir el juicio decisorio de la Administración por el suyo propio, pero sí han de comprobar que dicha actuación se mueve dentro de unos parámetros. Estas técnicas de control de actos calificados como de ¿discrecionalidad técnica¿ son el control por los ¿hechos determinantes¿, el control por el fín, y el control por los elementos reglados del acto.